La distancia que separa a sindicatos y patronal para alcanzar un acuerdo global sobre salarios y reforma laboral crece. Y lo hace justo cuando debería estar estrechándose. La CEOE planteó ayer congelar los salarios en 2012 y 2013 y una leve subida en 2014 en la reunión que mantuvieron ayer con los negociadores de UGT y CC OO. Además, los empresarios propusieron un contrato indefinido de crisis que rebaja la indemnización por despido y cambios sustanciales en la negociación colectiva, explican fuentes de ambas partes. Los sindicatos rechazaron la propuesta. El tiempo para lograr un pacto antes del próximo Consejo de Ministros se acaba.

La vuelta de la recesión ha llevado a los agentes sociales a negociar la extensión hasta 2014 del pacto de moderación salarial alcanzado a comienzos de 2010. Las conversaciones están tan avanzadas que ambas partes han comenzado a cambiar borradores del texto. Pero ayer se encontraron con varios escollos muy difíciles de salvar.

La delegación de la patronal, compuesta por Alberto Nadal, adjunto a la Secretaría General de la CEOE, y José de la Cavada, director de Relaciones Laborales, propuso a los sindicatos congelar los sueldos en 2012 y 2013. Para 2014, la patronal está dispuesta a estudiar la posibilidad de que los salarios suban ligeramente si mejora la situación económica.

Además, los empresarios, en línea con el discurso tradicional del Banco de España, no aceptan las cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores. Como mucho aceptarían una nueva cláusula en que la referencia no fuera el IPC español como hasta ahora, sino el europeo, al que habría que descontarle la evolución de los precios de la energía y de los impuestos. España tiene habitualmente una inflación más alta que la de la Unión Europea. Por lo que tomar este referente que propone la CEOE, dificulta la pérdida de competitividad de las empresas españolas, pero hace casi imposible mantener el poder adquisitivo de los asalariados.

Los sindicatos -representados ayer por Ramón Górriz y Paloma López por CC OO y Toni Ferrer y Pedro Gallego por UGT- rechazan la propuesta. Aceptan que los salarios crezcan por debajo de la inflación de 2012 a 2014 y a dar más flexibilidad a las empresas para que negocien los sueldos con sus trabajadores. A cambio reclaman garantías para el poder adquisitivo y que se controlen los precios de los productos básicos y los beneficios empresariales.

La cita de ayer fue posterior a las palabras del líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, en las que afirmaba que era posible alcanzar un acuerdo de moderación salarial. Para ello, será necesario que tanto él como el líder de UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que mantendrán una reunión el lunes se esfuercen al máximo.

Además de la propuesta sobre salarios, ayer la CEOE puso sobre la mesa un contrato indefinido que rebaja los costes de despido. "Para reducir la dualidad con los temporales", explica un directivo de la organización. Con esta figura, que estaría vigente por dos años, la indemnización por despido improcedente ascendería a 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidades (ahora asciende a 45 días o a 33, según el tipo de contrato) y la del procedente a 12 días (ahora, 20).

La patronal también planteó cambios en la ordenación de la negociación colectiva. Entre otras cosas, exige que los empresarios dispongan de un margen mayor de horas (el 15% de la jornada) para poder realizar cambios en los horarios de trabajo y que se puedan negociar convenios de empresa en cualquier momento, sin tener que esperar a que acabe la vigencia del convenio sectorial como ocurre en la actualidad.

También estas propuestas chocan con los sindicatos. En lo que respecta a la negociación colectiva, UGT y CC OO se niegan a firmar un pacto salarial si al mismo tiempo se cambian las reglas del juego, explica una fuente sindical.

Con este escenario, y pese a los acuerdos ya alcanzados en otras materias (mutuas y absentismo, resolución extrajudicial de convenios, formación, traslado a lunes de festivos), parece difícil el acuerdo. Más todavía, si se tiene en cuenta que patronales regionales como las de Madrid no están dispuestas a aprobar un pacto si los sindicatos no dan su brazo a torcer y aceptan gran parte de las pretensiones de la CEOE, explican fuentes empresariales.

Fuente: elpais.com

El presidente del PP, Mariano Rajoy, "revisará" el seguro por desempleo si llega a La Moncloa. “En la actualidad, tenemos un verdadero agujero en las cuentas que se lleva todo este dinero. Por eso, nos encargaremos de controlar el déficit público, reestructurar el sistema financiero y aplicar reformas estructurales, como la urgente reforma fiscal que necesitamos ya mismo”, ha dicho el jefe de la oposición en una entrevista en el diario argentino La Nación.

Rajoy asegura que lo primero para su Gobierno será "abocarse a generar dinero y recursos". "Sólo de esta manera podremos enfocarnos en enfrentar nuestro mayor problema, que es el desempleo, porque sólo se pueden crear puestos de trabajo si hay fondos para incentivarlo", ha apuntado.

El líder del PP rechaza con contundencia que vaya a bajar impuestos. "No, nosotros no vamos a recortar impuestos", explica antes de precisar que "la única carga" que "aliviará" su Gobierno será la de los emprendedores, a quienes les serán devueltos "parte" de los impuestos que les conlleve la creación de nuevas empresas. "Esta será la era de la recuperación", ha augurado.

Rajoy defiende el euro y se refiere también a los indignados del Movimiento 15M, a quienes define como "un grupo animado por la izquierda con un esporádico respaldo de gente sin una orientación política definida". En este sentido, promete que les respetará como a cualquier "expresión de descontento", pero siempre que se ajusten a las reglas del Estado de Derecho. Durante la entrevista, que fue realizadaantes del comunicado de ETA en el que anunció el cese definitivo de su actividad armada, Rajoy también es cuestionado por este asunto. "Yo no quiero diálogos, ni promesas, ni más mentiras. Lo único que espero de ETA es el comunicado en el que anuncien su disolución definitiva", ha afirmado.

La CEOE propone que la indemnización por despido objetivo en los contratos indefinidos se reduzca de los 20 a los 12 días con un máximo de un año, a pagar en su totalidad por el empresario, y que en caso del despidos improcedentes pase de 45 a 20 días, de los que ocho días correrían a cargo del Fogasa.

Así lo explicó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en rueda de prensa para presentar las propuestas de la patronal de cara al 20-N, en las que se plantea la necesidad de reducir el coste del despido para facilitar la contratación.

Según Rosell, "no hay que satanizar la salida del mercado de trabajo", a lo que añadió que es preciso que "si los empresarios tienen que despedir que no tengan los impedimentos que tienen". "Cuanto más facilidades demos a la salida del mercado de trabajo más posibilidades habrá de que los empresarios se atrevan a contratar", añadió.

En el documento presentado, la patronal propone además simplificar las43 modalidades de contrato actuales a un total de seis, así como "flexibilizar" los contratos a tiempo parcial y de formación.

Por otro lado, Rosell afirmó que a finales del primer trimestre de 2012 se alcanzará el "punto más negro" en lo que se refiere al desempleo, a partir del cual ya comenzará una recuperación.

En rueda de prensa, el presidente de la patronal señaló que "veo claro que el punto más negro en cuanto a destrucción de puestos de trabajo puede tener lugar" en el periodo enero-marzo del año que viene.

Según Rosell, "todas las curvas apuntan a que el punto mas negro a partir del cual nos empecemos a recuperar" será "a finales del primer trimestre de 2012".

La Inspección de Trabajo investiga a una empresa de Alhama, en Murcia, por obligar a sus trabajadoras a colgarse al cuello cartulinas con el rótulo "aseo" cuando van al servicio. Se trata de la empresa Agronativa de Cieza, un almacén de lavado y empaquetado de fruta, con jornadas que se alargan más de 12 horas y donde más de 200 empleadas cuentan tan sólo con media hora de descanso no remunerado.

Ante la vergüenza de tener que llevar el cartel y ser recriminadas por las encargadas de almacén por abandonar momentáneamente su puesto de trabajo, muchas trabajadoras están sin beber agua en pleno verano y aguantan durante horas las ganas de ir al baño, según ha denunciado Jesús Cámara, secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT de Murcia.

UGT también ha denunciado a otra empresa de los mismo propietarios. El almacén hortofrutícola El Ciruelo, en Alhama de Murcia, por "vulnerar el derecho a la intimidad de las mujeres trabajadoras", ya que deben esperar a que las encargadas les den permiso y les entreguen una tarjeta para ir al servicio.

El problema es que sólo hay tres tarjetas para 150 trabajadoras y cuando tienen el premiso de la encargada sólo disponen de cinco minutos para ir y volver a su puesto de trabajo. En este corto espacio de tiempo tienen que entrar y al salir de la sala de empaquetado y pasar por los dispositivos de control, que se activan con la huella del dedo.

UGT también acusa a las encargadas de ambos almacenes propiedad de los mismos empresarios hortofrutícolas de amonestar a las mujeres para que "no se queden embarazadas" y asegura que la empresa deja de llamar a las trabajadoras en estado de gestación.

"Aquí se viene a trabajar no a tener hijos", le dijo una encargada de El Olivo a una empleada rumana, cuando le comunicó su embarazo, según denunció la misma al sindicato.

En los dos almacenes –El Ciruelo y Agronativa– trabajan alrededor de medio millar de trabajadores, la mayoría mujeres con un salario de 5,7 euros la hora, según precisa UGT, que indica que hay tanto trabajadores españoles como inmigrantes, pero todos tienen miedo de denunciar las condiciones laborales a las que están sometidas ante la perspectiva de perder el trabajo.

Paradójicamente, en ninguno de los dos almacenes los hombres tienen alguna limitación para ir al servicio ni han de colgarse ningún cartel con la palabra "aseo".

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha acusado hoy al sector financiero de alentar la burbuja inmobiliaria que provocó tras años de expansión los desequilibrios que aún arrastra la economía española, y cuyo estallido, a finales de 2007 y principios de 2008, provocó el alto nivel de paro que hoy, tres años después, sufre el mercado laboral. Con estas palabras, el responsable de Trabajo ha respondido a las palabras que lanzó ayer en el mismo foro Francisco González, presidente del BBVA, que reprochó al Gobierno que la reforma laboral y la de los convenios "son cosas que deberían estar hechas y no lo están" para que España supere la crisis.

En opinión del responsable Gómez, "es un error típico del discurso imputar a la negociación colectividad la responsabilidad de la crisis, cuando en realidad está en el desplome del sector inmobiliario y el constructor por los excesos del pasado". Unos excesos que, según ha criticado, fueron alentados por las entidades financieras, que, apelando al ahorro externo, "financiaron una expansión imposible de sostener".

"Construimos el triple de viviendas de las que necesitábamos", ha recordado Gómez, al tiempo que ha destacado que el empleo se multiplicó por 2,5 veces. "Llegamos a tener 2,7 millones de trabajadores en este sector, cuando Alemania, con mucha más población, nunca tuvo más de 2,5 millones", ha argumentado. Tras el estallido de la burbuja, el resultado es que dos de cada tres parados (un 75%) vienen de la construcción. "Y eso no es culpa de la legislación laboral, ya que la legislación laboral no ha creado la burbuja", ha remachado durante su intervención en el curso El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Los sindicatos, que han tomado la palabra después del ministro, han respaldado su opinión. "El problema fue que la burbuja [inmobiliaria] aterrizó en la peor pista posible, que fue la crisis financiera internacional. Entonces nos dimos cuenta de que habíamos comprado puestos de trabajo a crédito", ha afirmado el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, la responsabilidad del sector financiero en la crisis es una "evidencia palpable".

Salario mínimo

Por otra parte, el ministro ha anunciado hoy que el Gobierno subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entre el 1,5 % y el 2,5 %, aunque la decisión final dependerá de cómo cierre este 2011, año en el que se prevé que suba en un 1,3% hasta los 641 euros al mes. Este incremento, ha recordado el titular del departamento, no se separa "en exceso de la evolución prevista por el salario medio", mientras, con vistas al próximo ejercicio, ha explicado que "lo normal es que las tarifas salariales estén situadas, a la luz del acuerdo vigente firmado por los interlocutores sociales, en el entorno de una banda salarial de entre el 1,5% y el 2,5%". En cualquier caso, con esta afirmación el Ejecutivo da por hecho que no cumplirá su promesa, lanzada antes del estallido de la crisis financiera y el pinchazo inmobiliario, de elevar el SMI hasta los 800 euros al final de la legislatura, que acaba en 2012.

Para los sindicatos, el Gobierno se ha olvidado de su compromiso y, según ha denunciado Toxo, no hay ninguna razón para que en España el salario mínimo sea la mitad que en Francia, donde asciende a 1.350 euros al mes. Además, ha defendido que el SMI no influye en nada en la inflación.

Además, Gómez ha abordado las opciones del fondo de capitalización para el despido, lo que se conoce como el modelo austriaco pero que, en opinión de los expertos, presenta algunas dudas sobre su viabilidad. Así, el ministro ha asegurado que con el excedente actual de 2,3 millones que tiene el Fogasa podría mantenerse el fondo durante cuatro o cinco años más sin modificar las aportaciones de las empresas.

Actualmente, los empresarios pagan una cotización social del 0,2% al fondo, pero "no hay que olvidar que hace 20 años aportaban un 0,7%", ha añadido. Por este motivo, una vez se agoten los fondos del Fogasa, Gómez ha apuntado que aplicar el modelo austriaco, tal y como contempla la reforma laboral, supondría aumentar las cotizaciones sociales de las empresas entre un 1,5% y un 2%.

Negociación colectiva

Sobre la negociación colectiva, Gómez ha acusado de forma directa a la patronal madrileña CEIM y a su presidente, Arturo Fernández, de ser los responsables de laruptura de las negociaciones con los sindicatos para reformar los convenios.

Tras destacar que siente el "máximo respeto" por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y valorar su capacidad para llegar a acuerdos, el ministro ha puesto el punto de mira en otros estratos de la asociación empresarial. Así, Gómez ha denunciado que lo que no fue una actitud responsable fue lo que hizo la CEIM, que en un documento por escrito señaló que no se debe hacer nada en la actual reforma laboral "para no obstaculizar la labor del próximo Gobierno". "Si cree y dicen eso, tienen que dejar de negociar", ha defendido, antes de insistir en que fueron unas declaraciones poco afortunadas.

Modificar un convenio colectivo mediante decreto ley podría afectar al derecho a la negociación colectiva y, por tanto, al derecho fundamental a la libertad sindical, algo que ese tipo de normas -redactadas por el Gobierno en casos de "extraordinaria y urgente necesidad" y con rango de ley- tienen expresamente prohibido por la Constitución. Esa fue la razón por la que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional llevó el pasado octubre al Tribunal Constitucional el recorte de salarios del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno el 20 de mayo de 2010.

El alto tribunal ha resuelto esta mañana la cuestión de la Audiencia y ha rechazado que exista esa vulneración de ese derecho fundamental. Los magistrados aseguran que el derecho a la negociación colectiva no impide que un convenio colectivo sea modificado por una norma con rango de ley.

“Es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no solo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario”, recoge el Constitucional en su auto. Al no existir vulneración de este derecho, el tribunal entiende que tampoco se da la del derecho fundamental de libertad sindical.

La cuestión de constitucionalidad presentada por la Audiencia afecta directamente a los 1.700 trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que impugnaron la disminución salarial. Pero la resolución del Constitucional puede tener efecto en parte de los 709.491 trabajadores contratados dependientes del Estado y comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Sala de lo Social de la Audiencia entendía también en su cuestión de inconstitucionalidad que la exclusión del recorte salarial de los contratados de AENA, Adif y Renfe que recogió el decreto ley discriminaba injustificadamente a los de la FNMT. El Gobierno justificó la excepción por mayor el tamaño de las empresas, lo que sirve a los magistrados para rebatirla.

Excluir a esas empresas públicas "porque tienen plantillas de grandes dimensiones", según la Audiencia, "conduciría al absurdo" porque "cuantos más trabajadores se vean afectados por la reducción, mayor será la reducción del gasto público que se obtenga". "Imponer un sacrificio tan extremo al personal laboral de entidades públicas empresariales con plantillas menores" y no a las grandes "es sencillamente inadmisible", concluía en su cuestión de constitucionalidad.

Sin embargo, el Constitucional también quita aquí la razón a la Audiencia, al considerar que, en caso de anular el precepto que recoge ese trato desigual, la consecuencia sería la aplicación del recorte a los empleados de AENA, Adif y RENFE, y no la extensión de su beneficio (la ausencia de reducción de salarios) a los recurrentes, los trabajadores de la FNMT.

Al dar la vuelta al planteamiento de la Audiencia, los magistrados del alto tribunal entienden que la decisión del proceso (la aplicación o no del recorte a los trabajadores de la FNMT) no depende de la validez del precepto supuestamente discriminatorio cuestionado por su Sala de lo Social. Y al no depender el caso de la decisión del Constitucional, sus magistrados rechazan también la cuestión en este punto.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha aseguradoque el texto presentado por la CEOE a los sindicatos el lunes pasado, en el que volvía a una posición de máximos respecto a la reforma del sistema de convenios colectivos sin tener en cuenta lo negociado previamente, "no permitía alcanzar un acuerdo".

En declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar una jornada sobre el desempleo juvenil en el Consejo Económico y Social (CES), el ministro ha dicho que "hubiera sido mejor culminar un acuerdo antes de las elecciones", ya que cree que ha habido "una influencia clara" en la CEOE de la nueva situación política. A su juicio, hubiera sido "más útil" que sindicatos y patronal hubiesen cerrado la reforma en abril con lo que se había acordado hasta ese momento.

"Se equivocan quienes creen que es mejor que las reformas se queden sin hacer a la espera de que llegue otro Gobierno", ha asegurado Gómez, que ha insistido en que la llegada de un nuevo Ejecutivo es "una hipótesis", mientras que las reformas son una necesidad que mantienen a España lejos de los países que han necesitado el rescate financiero de la Unión Europea.

Según ha explicado, la reunión que CEOE, CCOO y UGT mantuvieron el pasado 30 de mayo tendría que haber servido para ordenar y concretar las materias que ya se habían acordado para que Trabajo las concretara en un texto normativo que aprobaría el Gobierno y sería remitido al Parlamento, con la intención de que entre en vigor en otoño. Sin embargo, ha dicho el ministro, ese día la patronal puso encima un documento con una "visión" de la flexibilidad interna en el ámbito de las empresas (cambio de jornada, funciones o traslados) que no permitía llegar a un acuerdo.

"Se establecían mecanismos de flexibilidad interna absolutamente todos sometidos a la libre decisión del empresario", afirmó Gómez, que aludió también a la pretensión empresarial de que los convenios dejen de tener efecto cuando expiren, eliminando la llamada ultraactividad (prórroga automática de los convenios colectivos vencidos). En su opinión, estas dos cuestiones son incompatibles con "un gran acuerdo de negociación colectiva" que incluyera la flexibilidad interna negociada y la protección de los trabajadores cuando los convenios expiren, recurriendo a la mediación y el arbitraje para cuando no hubiera acuerdo entre patronal y sindicatos.

El Gobierno, ha asegurado el ministro, ha estado muy pendiente de la negociación y ayudando "cuando se le ha requerido" con textos o propuestas, por lo que considera que "a estas alturas nadie puede imputarle responsabilidad alguna". En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo ha dejado que la negociación entre sindicatos y patronal se prolongara más allá de la fecha inicialmente prevista porque el acuerdo parecía posible.

El TSJM ha dado la razón a un joven investigador de la Universidad Autónoma que denunció su despido por improcedente. El juez entiende que hubo un "fraude de ley" porque se produjo una "reiterada contratación temporal"

En opinión de UGT esta sentencia supone "un claro avance contra la precarización de jóvenes investigadores que, pese a su currículum de alta especialización, mantienen su condición de becarios durante muchos años en aras de mantener su vocación investigadora".

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha conseguido que a un becario de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid se le haya reconocido un despido improcedente.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba uno a uno los argumentos de la Universidad Autónoma de Madrid que ha intentado justificar la relación laboral que mantuvo con un joven investigadoral que llegó a contratar hasta en cinco ocasiones, todas temporales y siempre bajo la misma fórmula, es decir, bajo el contrato de obra.

Exceso de temporalidad

El juez reconoce que se ha producido una "temporalidad excesiva"y que se ha vulnerado el estatuto del trabajador y en concreto la llamada "Ley Caldera" - que apuesta por facilitar los contratos indefinidos-. Y todo, según el magistrado, porque no se han respetado los artículos básicos del proceso de contratación. Se pretendió utilizar un contrato de obra buscando el resultado que se consigue con uno indefinido, es decir, "la Autónoma utilizó varios contratos de obra al que sólo se puede recurrir si se justifica que es para desempeñar distintas funciones. Sin embargo,en este caso, el trabajo se realizó siempre en el mismo centro de trabajo,con las mismas tareas realizadas y con la misma categoría profesional.

Como en cada caso de despido improcedente se abren dos vías. La primera es que la empresa, en este caso, la Universidad pública, readmitiese al joven como indefinido, o que le indemnizase. En este caso, según el abogado del investigado, la Autónoma ha optado por la segunda opción, y deberá pagar al joven 11.000 mil euros.

En UGT han recibido esta notica con euforia "esta sentencia supone un claro avance contra la precarización de jóvenes investigadores que, pese a su currículum de alta especialización, mantienen su condición de becarios durante muchos años en aras de mantener su vocación investigadora", señala la Secretaria de Comunicación de FETE-UGT, Virginia Fernández.

Largo proceso

Esta sentencia es el resultado de una compleja batalla judicial. UGT ya ganó en primera instancia, pero la Universidad Autónoma lo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ahora, el TSJM ha vuelto a dar la razón a los demandantes y sentencia que la Universidad Autónoma "debió realizar una contratación que se acogiera a la temporalidad del proyecto de investigación", es decir, a los cuatro años, y no a cinco contrataciones sobre el proyecto de investigación, que fue lo que ha ocurrido en este caso.

Contra esta sentencia sólo cabe recurso de casación.

La gran reforma laboral está a punto de ver la luz. Los líderes de UGT, Comisiones Obreras y CEOE allanaron ayer el camino de la reforma de los convenios pero constataron que la piedra inicial sigue en el camino. La caducidad del convenio, el elemento que más ha enfrentado a las partes desde que se sentaron a negociar, determinará el fin de la negociación. Hasta el punto de poner en riesgo la firma del pacto si durante esta semana las partes no llegan a un punto de equilibrio entre sus posturas. Los agentes sociales darán respuesta a esta incógnita el próximo jueves en una reunión que se prevé clave.